Durante la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Héctor Adrián Menchaca Medrano, Senador de la República, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y a los estatales a garantizar imparcialidad, equidad e igualdad durante los Procesos Electorales vigentes.

 

En dicho Punto de Acuerdo, solicitó a los Gobernadores de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas no intervenir en los procesos electorales locales en curso. 

 

“Es responsabilidad de todos los actores políticos y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como electorales, conducirse con estricto apego a la legalidad, pero sobre todo en busca del bien común, con el objeto de dar seguridad a la ciudadanía de que construir una verdadera democracia es posible en México”, subrayó el Senador, desde la Máxima Tribuna de la Nación. 

 

Actualmente se desarrollan procesos electorales en distintas entidades de la República Mexicana en los que en su conjunto los ciudadanos deberán designar más de mil 365 representantes populares: 12 Gobernadores, 239 diputaciones de mayoría relativa, 149 diputaciones de representación proporcional y 965 ayuntamientos.

 

Detalló que, en Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo y Zacatecas ya se han presentado denuncias, en las que la participación de los gobiernos estatales es evidente, contraponiéndose a toda reglamentación electoral.

 

“En Zacatecas diversas voces han denunciado la intromisión por parte del Gobierno del Estado en el proceso electoral, particularmente llamó la atención el anuncio del mandatario estatal antes del inicio del periodo de campañas de la planeación de más de 906 obras para este 2016, por un valor superior a los 4 mil millones de pesos, así como el reparto de miles de despensa ligadas a autoridades del Estado”.

 

Finalmente, pidió al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales vigilar que las autoridades de los tres niveles de Gobierno no intervengan en el desarrollo de los procesos electorales locales en curso.